Cecilia Cadena, profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense, previene sobre la posibilidad de que se cumpla el anuncio presidencial; hay mejoras pendientes, pero se ha logrado mucho, señala.
La eventual desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) atentaría contra el derecho de los ciudadanos a saber y sería un regreso a la opacidad y la discrecionalidad de los servidores públicos, tanto como la negación de uno de los avances democráticos logrados en las últimas dos décadas, advirtió Cecilia Cadena Inostroza, profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense.
En relación con la intención de integrar al INAI -además del IFT, que son órganos constitucionales autónomos, y otros órganos que no son constitucionales- a dependencias federales, la especialista en transparencia y rendición de cuentas señaló que sería un sinsentido que el gobierno se convirtiera nuevamente en juez y parte.
El anuncio presidencial tiene posibilidades de concretarse dada la presencia del partido en el gobierno en el Congreso federal y en los estatales, por lo que debe ser tomado muy seriamente, a fin de exponer argumentos sobre la necesidad de mantener esas instancias como un avance logrado de manera muy azarosa y accidentada.
Integrante de la Red por la Rendición de Cuentas, la investigadora destacó que el INAI y los órganos estatales que cumplen esa tarea en las entidades surgieron de procesos complicados en que, sin embargo, se logró la participación de actores políticos, sociedad civil y la academia.
Admitió que falta por avanzar y perfeccionar al INAI, pero esa tarea es realizable precisamente ahora en que es necesario tener un sistema acabado de transparencia y rendición de cuentas cuando se han alcanzado «normas de juego nuevas», creado y fortalecido instituciones, a la vez de cambios actitudinales en los actores políticos, administrativos y sociales; se trata de que los órganos de transparencia funcionen mejor, no que dejen de funcionar, enfatizó.
Destacó que luego del anuncio, los medios de comunicación y numerosas voces se han levantado para advertir del retroceso que significaría la desaparición del INAI, pues se observa que la estrategia presidencial de combate a la corrupción no incluye a ese órgano constitucional autónomo y parte de la declaración de fe de que siendo el presidente honesto, todo el aparato público será honesto, en lugar de reconocer el conjunto de normas que obligan a quienes han sido electos y a los servidores públicos de los tres poderes, las cuales están claramente vigentes.
En relación con la promesa de que en el gobierno federal la información fluirá en 72 horas y otras hechas por el titular del Ejecutivo Federal para justificar su intención, Cecilia Cadena señaló que la ley actual y el funcionamiento del INAI ya atienden las cuestiones centrales de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, que son las materias que tutela, y por tratarse de una ley general obliga a cumplirla a todos los actores a los que rige.
Si bien los resultados no han sido todo lo que la sociedad esperaba, los órganos de transparencia son relativamente jóvenes, con menos de dos décadas de existencia el primero, pero debe tomarse en cuenta que han permitido conocer información incluso sobre casos muy controvertidos, y si hoy un ciudadano quiere saber cuántas camas hay en los hospitales destinadas a los enfermos por Covid-19, puede hacer la solicitud respectiva y obtener los datos que busca, ejemplificó.
No hay país democrático que carezca de sistemas de transparencia y acceso a la información, añadió, y los más altos índices democráticos incluyen esos mecanismos, de ahí que debe organizarse la defensa del INAI sobre la base de la exposición de los logros alcanzados y de sus posibilidades de mejoramiento, a fin de evitar el regreso a épocas del país en que la sociedad no podía saber lo que hacía el gobierno por falta de instrumentos y mecanismos, y que el derecho a saber dependa de la voluntad de una persona, remató.
Comunicado de prensa 007/2021.
Zinacantepec, Estado de México, 28 de enero de 2021.
